AUTOR ORIGINAL: ALEJANDRO FERRER
LINK A LA IDEA EN CATEGORÍA ECONOMIA: Mejora del Deficit Fiscal, Reestructurando Gestión de Empleados Públicos
INTRODUCCIÓN
A partir de enero de 2017 los uruguayos comenzaron el año con varias medidas debido a un ajuste fiscal hecho por el gobierno para hacer frente a un déficit fiscal, impactando en el bolsillo de la clase media uruguaya, disminuyendo el poder de las familias que tienen hijos, más que los que no los tiene, disminuyendo las pasividades para jubilados que pasan una franja que para el estado son altas pero con los costos de la realidad no lo son y grabando aún más a las empresas que son las que realmente contribuyen a que la economía esté dinamizada. También subieron los impuestos en otros rubros y se están estudiando más vías para recaudar como por ejemplo subir el impuesto a la herencia entre otros.
En cuanto a tarifas públicas, los combustibles, tuvieron un aumento de 8% —pese a que durante casi todo 2016 el petróleo estuvo bien por debajo de la referencia de Ancap—, la electricidad subió 7,5% (salvo para la denominada tarifa social), la telefonía 8% y el agua 8,2% (además de un incremento de 7,3% sobre el cargo fijo de acuerdo a la capacidad de consumo de cada cliente).
El ajuste fue inevitable y necesario una vez creado el déficit y la solución más fácil dejando los temas de buena gestión y eficiencia para otro momento, pero hubiera sido innecesario si se hubieran hecho las cosas responsablemente en la administración anterior ahora no tendríamos ajuste fiscal sino alivio fiscal bajando impuestos y subiendo gasto público para ayudar a reactivar la economía.
DIAGNÓSTICO
En el año 2009 el sector público tenia los mismos funcionarios que en 1998 y el tamaño del estado era el mismo que antes de la crisis del 2002. A partir del año 2011 el déficit fiscal paso de 1% (500 millones de dólares) al 4% del PBI (2000 millones de dólares) sin acompasar el gasto público con los ingresos del estado, dilapidando además el superávit que tenían las empresas del estado, que fueron superavitarias durante las 4 administraciones previas a la administración del 2010-2015.
Durante la administración anterior desaparece el superávit de las empresas públicas y dejan de contribuir con sus ganancias a las arcas del estado, ahí estuvieron los dos orígenes importantes que heredan el desequilbrio fiscal actual que obligan al estado a realizar ajustes fiscales.
En la administración 2010-2015 en el Uruguay los vínculos laborales del estado aumentaron en 45000, esto quiere decir que por día el estado contrató 24 funcionarios públicos por día de lunes a domingo cada dia del año durante 5 años, incluyendo feriados y vacaciones, este incremento le cuesta al país 550 millones de dólares por año, llegando a un record reciente de 300.000 empleados públicos.
Añadido a este gasto irresponsable, se suman 500 millones de dólares más por pago de intereses por emisión de deuda pública que no hubiésemos incurrido si no tendríamos este exceso de gasto.
Sumado que el contexto económico internacional actual en cuanto a los precios de las materias primas que exporta Uruguay están deprimidos (carne, lana, paste de celulosa, leche, trigo y soja).
Por ende el gobierno debe adecuarse a este nuevo entorno deprimido, entorno en el que se manejaron los gobiernos habitualmente hasta hace diez años.
El realizar ajustes fiscales cuando el país tiene presiones recesivas restringe aún más el desarrollo de la economía ya que ésta se contrae.
PROPUESTA
No renovar vacantes de funcionarios públicos en los próximos seis años, por la gente que se retira y la gente que fallece en el sector público, que son 8000 personas por año, estos 44000 vínculos laborales se irán reduciendo año a año hasta volver a la normalidad, sin despedir funcionarios ni bajando sueldos, simplemente por la gente que se retira y fallece. Esto ahorrará 500 millones de dólares por año, ofreciendo un futuro , perspectiva y compromiso para con el dinero del contribuyente, recomponiendo las arcas públicas (teniendo en cuenta que las subas de impuestos en el IRPF, el IASS y el IRAE le reportarán US$ 385 millones a las arcas del Estado).
Que el gobierno se comprometa ante la ciudadanía a bajar las medidas de recaudación una vez las circunstancias económicas cambien estos impuestos van a ser bajados a los niveles que tenían antes de este aumento, no va a haber aumentos permanentes de impuestos ya que la ciudadanía está muy castigada impositivamente.
Nota: esta Ley no involucra servicios básicos al servicio del ciudadano que requieren una plantilla fija de empleados públicos.
INDICADORES
Los indicadores serán los datos directos en cuanto a disminución de nuevos contratos del Ministerio de Trabajo y Banco de Previsión Social.
INSTITUCIONALIDAD
Poder Ejecutivo.
FINANCIAMIENTO
Es un proyecto que no requiere financiación
FUENTES
Propuesta elaborada por Ernesto Talvi, Economista, Dr. en Economía, Director Académico Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).