Mejora del Deficit Fiscal, Reestructurando Gestión de Empleados Públicos

portabilidad

(Alejandro Ferrer) #1

INTRODUCCIÓN

A partir de enero de 2017 los uruguayos comenzaron el año con varias medidas debido a un ajuste fiscal hecho por el gobierno para hacer frente a un déficit fiscal, impactando en el bolsillo de la clase media uruguaya, disminuyendo el poder de las familias que tienen hijos, más que los que no los tiene, disminuyendo las pasividades para jubilados que pasan una franja que para el estado son altas pero con los costos de la realidad no lo son y grabando aún más a las empresas que son las que realmente contribuyen a que la economía esté dinamizada. También subieron los impuestos en otros rubros y se están estudiando más vías para recaudar como por ejemplo subir el impuesto a la herencia entre otros.

En cuanto a tarifas públicas, los combustibles, tuvieron un aumento de 8% —pese a que durante casi todo 2016 el petróleo estuvo bien por debajo de la referencia de Ancap—, la electricidad subió 7,5% (salvo para la denominada tarifa social), la telefonía 8% y el agua 8,2% (además de un incremento de 7,3% sobre el cargo fijo de acuerdo a la capacidad de consumo de cada cliente).

El ajuste fue inevitable y necesario una vez creado el déficit y la solución más fácil dejando los temas de buena gestión y eficiencia para otro momento, pero hubiera sido innecesario si se hubieran hecho las cosas responsablemente en la administración anterior ahora no tendríamos ajuste fiscal sino alivio fiscal bajando impuestos y subiendo gasto público para ayudar a reactivar la economía.

DIAGNÓSTICO

En el año 2009 el sector público tenia los mismos funcionarios que en 1998 y el tamaño del estado era el mismo que antes de la crisis del 2002. A partir del año 2011 el déficit fiscal paso de 1% (500 millones de dólares) al 4% del PBI (2000 millones de dólares) sin acompasar el gasto público con los ingresos del estado, dilapidando además el superávit que tenían las empresas del estado, que fueron superavitarias durante las 4 administraciones previas a la administración del 2010-2015.

Durante la administración anterior desaparece el superávit de las empresas públicas y dejan de contribuir con sus ganancias a las arcas del estado, ahí estuvieron los dos orígenes importantes que heredan el desequilbrio fiscal actual que obligan al estado a realizar ajustes fiscales.

En la administración 2010-2015 en el Uruguay los vínculos laborales del estado aumentaron en 45000, esto quiere decir que por día el estado contrató 24 funcionarios públicos por día de lunes a domingo cada dia del año durante 5 años, incluyendo feriados y vacaciones, este incremento le cuesta al país 550 millones de dólares por año, llegando a un record reciente de 300.000 empleados públicos.

Añadido a este gasto irresponsable, se suman 500 millones de dólares más por pago de intereses por emisión de deuda pública que no hubiésemos incurrido si no tendríamos este exceso de gasto.
Sumado que el contexto económico internacional actual en cuanto a los precios de las materias primas que exporta Uruguay están deprimidos (carne, lana, paste de celulosa, leche, trigo y soja).

Por ende el gobierno debe adecuarse a este nuevo entorno deprimido, entorno en el que se manejaron los gobiernos habitualmente hasta hace diez años.

El realizar ajustes fiscales cuando el país tiene presiones recesivas restringe aún más el desarrollo de la economía ya que ésta se contrae.

PROPUESTA

No renovar vacantes de funcionarios públicos en los próximos seis años, por la gente que se retira y la gente que fallece en el sector público, que son 8000 personas por año, estos 44000 vínculos laborales se irán reduciendo año a año hasta volver a la normalidad, sin despedir funcionarios ni bajando sueldos, simplemente por la gente que se retira y fallece. Esto ahorrará 500 millones de dólares por año, ofreciendo un futuro , perspectiva y compromiso para con el dinero del contribuyente, recomponiendo las arcas públicas (teniendo en cuenta que las subas de impuestos en el IRPF, el IASS y el IRAE le reportarán US$ 385 millones a las arcas del Estado).

Que el gobierno se comprometa ante la ciudadanía a bajar las medidas de recaudación una vez las circunstancias económicas cambien estos impuestos van a ser bajados a los niveles que tenían antes de este aumento, no va a haber aumentos permanentes de impuestos ya que la ciudadanía está muy castigada impositivamente.

Nota: esta Ley no involucra servicios básicos al servicio del ciudadano que requieren una plantilla fija de empleados públicos.

INDICADORES

Los indicadores serán los datos directos en cuanto a disminución de nuevos contratos del Ministerio de Trabajo y Banco de Previsión Social.

INSTITUCIONALIDAD

Poder Ejecutivo.

FINANCIAMIENTO

Es un proyecto que no requiere financiación

FUENTES

Ernesto Talvi, Economista, Dr. en Economía, Director Académico Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).


(Pablo Peñaflor) #2

Excelente la propuesta!!! y seria una de las primeras acciones que deberían tomar. Primeramente se tendría que impulsar la industria reduciendo los impuestos a empresas drásticamente, con esto se reducirían los subsidios y planes de ayuda que tanto cuestan al país.


(Alejandro Ferrer) #3

Hola Pablo, sí, es así, hoy por hoy las empresas están con beneficios muy bajos, no porque no trabajen o hagan buenos negocios si no por los costos fijos excesivamente caros e impuestos a la renta, entonces no les puede pagar más a sus empleados, que en realidad la empresa en total con aportes patronales les paga bien pero gran parte de eso se va en irpf , bps , fonasa y demás.
entonces el estado está captando el dinero de todos los integrantes de la sociedad.

en cuanto a las ayudas me parece bien que existan pero reguladas por asistentes sociales que evaluen regularmente los procesos que hacen esos receptores de ayudas públicas para salir del riesgo de exclusión social.

saludos Pablo


(Pablo Peñaflor) #4

Gracias Alejandro. Tengo para pasarte unos apuntes. Que serian un paquete de medidas de emergencia para proponer. Que servirían para tratar gran parte de las necesidades urgentes en el país.


(Alejandro Ferrer) #5

Genial Pablo!
subilas acá.

saludos


(Luis salvatierra) #6

Hola amigos. Surge como evidente y esencial buscar recuperar los equilibrios perdidos que tu señalas con toda claridad, para lograr el beneficio de nuestra Nación y la Ciudadanía. Así como tu observas la condición de no comprometer los servicios esenciales, sería de interés objetivar las áreas del sector público que se hipertrofia y su significación social y productiva, agregandoselo a la contundencia del argumento de la propuesta. Un abrazo


(Christian A. Da Silva) #7

Algo que tambien favorece el déficit es la falta de eficiencia y tercerización
Un trabajo que podria costarnos unicamente tiempo ocioso de empleados públicos, nos termina costando millones que se van a las arcas de empresas privadas.
(Las plazas que se estan haciendo en todo el país por un costo de un millón de pesos, o los corredores de Garzón y Gral.Flores, o el Antel-Arena, cuanto costarían si las hiciera el Ministerio de Obras Publicas con el cuerpo de ingenieros del ejercito? ) en vez de obsequiar esas grandes sumas a SACEEM.

Y ni que hablar el sistema de compras publicas…
Esto último ya deja de ser ineficiencia para transformarse (con el perdón por la expresión) en estupido…

Deberia haber una comisión de compras que anuncie en la red sus operaciones y darnos a todos la oportunidad de conttolar y aportar sugerencias para mejorar los precios…


(Alejandro Ferrer) #8

Hola Christian,

Actualmente existe una gestión de compras en todos los entes, mejores y peores, pero está, y mediante la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) dependiente de Presidencia se transmiten a la ciudadanía
¨pero bien el Observatorio tiene alcance nacional, es decir, comprende a contrataciones efectuadas por todos los organismos públicos estatales en todos los niveles de gobierno, este se nutre de los datos que los propios organismos del Estado vierten al sitio web de Compras Estatales gestionado por ACCE, por lo que la responsabilidad y calidad de los datos publicados corresponde a los organismos que los generan. Por esta razón las cifras que se exponen pueden estar impactadas por errores u omisiones de los propios organismos

Este párrafo es extraído de la misma página web de la ACCE, comunica que su función y motivo de creación es la de promover la transparencia, cita explicitamente que los propios organismos no están obligados a brindar la información exacta a través de esta agencia incluso omitir información, es decir que el gasto de esta agencia no está justificado ya que su función puede no ser fiel tantas veces el organismo proveedor de información disponga.

Supongamos que existe una comisión de compras, si la gestión no es eficiente, o responde a intereses privados y por ende los ciudadanos pagamos de nuestro dinero esos errores, que tipo de sanción se aplicaría?
Administrativa? Penal? se realizaría un sumario al equipo o funcionario a cargo luego de un estudio y comprobación de falta en la labor? se destituye al funcionario?
Se resuelve el Problema?
No, esos recursos perdidos provenientes de nuestro trabajo no se recuperan, es decir que al margen de pena ó sanción el costo del error en la gestión pública sigue siendo de un tercero ( El Pueblo) que paga un servicio impuesto sin capacidad de decisión ni opción a una explicación responsable y formal por parte de las autoridades.

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Esta misma problemática se puede extrapolar a los servicios estatales que hoy son caros e ineficientes, pero no aplican medidas de sanción ni contralor, considerando que si exista un contralor autónomo e imparcial, seguirá el mismo problema. Ya existe el control, ya existe la tecnología para el mismo, por suerte la ciudadanía está enterada de abusos de poder más que nunca sin embargo, no hay medidas acordes a las faltas.

Considero que la raíz de la mala gestión es la falta de medidas que existen en cualquier organización normal y funcional, cómo el sistema estatal está politizado y no es imparcial ni objetivo y tristemente a veces respondiendo a una grupo puntual de personas a la hora de establecer y ejecutar la reglamentación existente llegamos al problema actual que afecta cada uno de nuestros servicios básicos para el cual se nos vá un grueso importante de nuestros ingresos.

Que solución podríamos plantear para que dicha comisión actúe imparcial y autónoma pudiendo ejecutar la normativa sin condicionamientos?

Gracias
Saludos